Por: Rita Del Pilar Zafra*
Los vehículos aéreos no tripulados o drones suponen actualmente un desafío para el Derecho Internacional Humanitario (en adelante, también, DIH). Theodor Meron afirmó que el Derecho Internacional (DI) estaba pasando por un proceso de “humanización”.[1] Este postulado es ahora ampliamente aceptado. Sin embargo, en medio del proceso de humanización del DI, y del DIH, han aparecido unos instrumentos que cuestionan esta humanidad: los drones.
Los drones tienen dos usos principales dentro de los conflictos armados: vigilancia y ataque. De la misma forma, los drones pueden ser contralados de manera remota por una persona, o pueden ser completamente automáticos.En la actualidad, los drones más usados son el MQ-1 Predator y el MQ-9 Reaper, los cuales pueden ser usados para labores de vigilancia, pero cada vez son más usados para el combate.[2]
La regulación en torno al uso de drones pone a prueba la capacidad del Derecho Internacional Humanitario para adecuarse a los nuevos retos que conlleva el rápido desarrollo tecnológico.[3] El ex asesor de la Casa Blanco, Alberto Gonzalez, afirmó en 2002 que las características propias de los conflictos armados del siglo XXI, en especial la llamada “Guerra contra el terror”, tornaba a las normas del DIH en imposibles de ser aplicadas.[4]
No obstante, nosotros no compartimos dicha opinión. A lo largo de la historia, el DIH ha tenido que enfrentarse a diversos retos. Desde su misma concepción, el Derecho Internacional Humanitario ha sido el medio por el cual se ha intentado dotar de humanidad a los hechos más cruentos y violentos: los conflictos armados. Las nuevas dimensiones que adquirió la guerra durante la segunda mundial también significaron un reto importante. Empero, los Estados no reaccionaron dejando de lado al DIH, sino reforzando su regulación a través de los Convenios de Ginebra de 1949.
Es necesario, entonces, aceptar el desafío que suponen los conflictos armados y utilizar el DIH para enfrentarlos de la manera más humana posible.Además, los drones constituyen un desafío y no necesariamente un problema porque su uso puede ser tanto negativo como positivo. El que su uso sea beneficioso dependerá, como explicaré a continuación, del respeto de los principios de distinción y proporcionalidad.
Los drones, el principio de distinción y el principio de proporcionalidad
El principio de distinción es uno de los pilares del DIH. Consiste en la obligación de las partes de distinguir entre aquellas persones que son combatientes o están participando directamente en las hostilidades, y aquellas personas que forman parte de la población civil, sólo pudiendo atacar a las personas pertenecientes al primer grupo. En el ámbito de la regulación de los conflictos armados internacionales, el principio de distinción se encuentra plasmado en los artículos 48, 51.2 y 52.2 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra. En el ámbito de los conflictos armados no internacionales, el principio de distinción está consagrado en el artículo 13.2 del Protocolo Adicional II. Finalmente, ha sido recogido en la Norma 1 de las Normas consuetudinarias del Comité Internacional de la Cruz Roja.[5]
En relación al principio de proporcionalidad, en el ámbito de los conflictos armados internacionalesestá consagrado en el artículo 51.5.b y en el artículo 57 del Protocolo Adicional I. Respecto a la regulación de los conflictos armados no internacionales, dicho principio no se encuentra consagrado explícitamente en el Protocolo Adicional I, pero se asume que se encuentra dentro del principio del humanidad establecido en el preámbulo de dicho instrumento.[6]
Existe un debate respecto a si el uso de los drones respeta el principio de distinción o si lo viola. Por un lado, el uso de drones permite un mayor grado de precisión al momento de realizar un ataque, en relación, por ejemplo, a los bombardeos.Así, menos civiles podrían resultar víctimas de estos ataques. De la misma manera, disminuye el nivel del peligro al que están expuestos losmismos miembros de las Fuerzas Armadas.[7] Durante la Segunda Guerra Mundial, los escuadrones de bombardeo eran los que tenían el mayor número de bajas dentro de las fuerzas Aliadas.[8]
No obstante, en aquellos casos en los que el funcionamiento de los drones no cuentan con ninguna participación humana, luego de haber sido lanzados, el problema se concentra en si estas máquinas serán capaces de diferencias cuándo una persona constituye una amenaza, o si de lo contrario, por ejemplo, se ha rendido.[9] ¿Se puede confiar en que la programación de una máquina es lo suficientemente segura para tomar este tipo de decisiones? A menos que estos drones tengan un nivel de precisión necesario para distinguir entre una persona rendida y una que todavía supone una amenaza, es demasiado riesgoso su uso para realizar ataques.
Por otro lado, cabe mencionar que los Estados Unidos han hecho uso de los drones para atacar, no sólo a los miembros de Al-Qaeda, sino también a las “fuerzas asociadas” a este. No se sabe cuál es el criterio para definir esta asociación[10], y si dicho criterio está basado y cumple con en el principio de distinción. Por ejemplo, en un reporte filtrado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado Estadounidense se revela que entre la lista de objetivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Afganistán se encuentran también narcotraficantes que financiar a los talibanes, no únicamente estos últimos.[11] Sin duda, esta política plantea graves cuestionamientos por no respetar el principio de distinción.
En esta línea, una cuestión muchas veces ignorada al analizar la legalidad de los drones es el efecto que la sola presencia de dichas aeronaves produce en la población civil. En ese sentido, aunque no se realicen ataques contra la población civil, el terror que la constante vigilancia e inminencia de un ataque puede ocasionar en ellapodría violar el principio de proporcionalidad, al ser menor a la ventaja militar concreta que se pudiera obtener en relación al constante Estado de temor que se produciría en la población civil.[12]
Una última dificultad se plantea al momento de asignar responsabilidad por las violaciones al DIH que los drones pudieran realizar. Respecto a los drones manejados a distancia, es claro que la persona responsable sería aquella persona que lo está manipulando. Pero, respecto a los drones que se manejan de manera autónoma, ¿quién sería el responsable? ¿La persona que diseñó la codificación del sistema del drone? ¿La persona que ordenó la utilización del drone?[13] Considero que, al ser los drones medios de guerra, la persona responsable debería ser aquella que decidió que sería utilizado, al tener el nexo más cercano.
Los drones se configuran entonces como un arma de doble filo. Dependiendo de las formas en que son usados, pueden contribuir con el respeto de las normas del DIH, o pueden significar la vulneración de las mismas. Queda, entonces en las manos de seres humanos el usarlos de una forma compatible con esa característica que todos decimos compartir: humanidad.
[1] Ver: MERON, Theodor. The Humanization of International Law, MartinusNijhoff, 2006.
[2] WAGNER, Markus. The Dehumanization of International Humanitarian Law: Legal, Ethical, and Political Implications of Autonomous Weapon Systems. Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2014, vol. 47, p. 1381.
[3] BOYLE, Michael J. The legal and ethical implications of drone warfare.The International Journal of Human Rights, 2015, vol. 19, no 2, p. 106.
[4]Citadoen BELLAMY, Alex J. , Fighting Terror: Ethical Dilemmas, Zed Books, 2008, pp. 101–102
[5] CICR, Customary rules, Rule 1. Ver en: https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter1_rule1
[6]CICR, Customary rules, Rule 14. Veren: https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter4_rule14
[7]WAGNER, Markus. The Dehumanization of International Humanitarian Law: Legal, Ethical, and Political Implications of Autonomous Weapon Systems. Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2014, vol. 47, p. 1380.
[8] ENEMARK, Christian. Drones over Pakistan: Secrecy, Ethics, and Counterinsurgency. Asian Security, 2011, vol. 7, no 3, p. 220.
[9]WAGNER, Markus., op. cit., p. 1393.
[10]BOYLE, Michael J., op. cit., p. 114.
[11] US Senate Foreign Relations Committee, Afghanistan’s Narco War: Breaking the Link Between DrugTraffickers and Insurgents: Report to the Senate Committee on Foreign Relations, S. Rep. No. 111-29, 2009, párr. 16.Citadoen: ALSTON, Phillip, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, A/HRC/14/24/Add.6, 28 de mayo de 2010, párr. 21.
[12] BOYLE, Michael J., op. cit., p. 116.
[13] WAGNER, Markus, op. cit., p. 1402.
* Bachiller en Derecho por la PUCP. Asistente de Investigación en el IDEHPUCP. Actualmente cursa la Maestría en Derechos Humanos de la misma casa de estudio.
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